Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy a socialistas y regionalistas que no den por finiquitado el debate presupuestario, cambien de registro y acepten las enmiendas presentadas por el grupo popular para tratar de rectificar unas cuentas que condenan a la región al paro y al estancamiento.

“La pelota está aún en el tejado del Gobierno, pero con este presupuesto no. Nosotros no vamos a dar luz verde a un presupuesto de retroceso y sin ambición, no vamos a convertirnos en cómplices de un Gobierno que se niega a dialogar ni de una política económica estéril que es el camino del hundimiento de muchas familias y empresas”, ha dicho.

De esta manera, la dirigente popular ha reeditado la oferta de diálogo y negociación presupuestaria, porque aunque el Gobierno de Revilla no lo merece, Cantabria lo necesita.

Y ha pedido den su apoyo a las enmiendas parciales del PP a los grupos que sustentan al Gobierno, unas enmiendas con las que el grupo popular sigue defendiendo el espíritu y la vocación de su propuesta alternativa a los presupuestos, dirigida a ayudar a resistir a trabajadores y empresas, aumentar las ayudas anticrisis, incentivar el consumo de las familias, estimular la inversión privada e impulsar la inversión pública.

Buruaga ha recordado que esta alternativa fue rechazada sin negociación por la coalición PRC-PSOE, que prefirió no complicarse la vida y aplicar el rodillo de la mayoría parlamentaria en contra de la mayoría social, desoyendo las recomendaciones de todos los organismos y analistas que insisten en la necesidad de pisar el acelerador del gasto público productivo, y dando la espalda a las familias y al tejido empresarial.

“El Gobierno optó por expulsar del presupuesto al Partido Popular, dejando claro que aquí, los socios de Gobierno bailan la música que toca el Partido Socialista de Sánchez y de Zuloaga”, ha dicho.

Aun así, el Partido Popular no va a claudicar ni a dejar abandonada a la economía productiva y seguirá defendiendo su propuesta alternativa porque es realista y necesaria para hacer del presupuesto un instrumento más adecuado a las necesidades de Cantabria y del momento, que plante cara a la realidad de la región y que deje de poner zancadillas al tejido empresarial creador de empleo. “Eso y no la propaganda es lo que genera confianza”, ha añadido la presidenta del PP.

Según la dirigente popular, el espíritu de estas enmiendas parciales es tratar de ser útiles a una Cantabria que se enfrenta a una recuperación a cámara lenta y pobre, no dejando atrás a empresas, autónomos y contribuyentes con políticas equivocadas.

Así, el Partido Popular ha registrado 245 enmiendas, 218 al proyecto de presupuestos de Cantabria por importe de 144 millones, y 27 a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, sabiendo que una vez que se ha desechado la inyección al alza de gasto público y que han quedado fijados los ingresos y gastos, enmendar al alza es una misión casi imposible.

PRINCIPALES ENMIENDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Plan de rescate para autónomos y micro-pymes de los sectores económicos condenados al cierre forzoso y las restricciones de actividad derivadas de la pandemia. Se han aprobado 15 millones para este año pero, a día de hoy, no hay nada en el presupuesto de 2021. El PP plantea una dotación inicial de 5 millones, aunque cree que son necesarios al menos 25 como exigía en su propuesta inicial.

Plan para activar el consumo privado inyectando, como ha hecho el Ayuntamiento de Santander, recursos adicionales en el comercio local, la hostelería y los servicios prestados por autónomos y micro empresas mediante cheques-descuento familiares. El PP pedía 70 millones en su propuesta inicial y presenta una enmienda por 2,8 millones.

Medidas para dotar de mayor liquidez a las empresas a través de préstamos del ICAF y avales Sogarca por un coste para la Administración de 4 millones de euros.

Sustitución de los distintos procedimientos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de los silencios negativos o desestimatorios por silencios administrativos positivos, porque la ineficacia de la Administración no puede continuar lastrando a las empresas.

Introducción en la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de instrumentos jurídicos como la declaración responsable y la comunicación previa que permitan la celebración de espectáculos y la reducción de cargas administrativas, ayudando a reactivar un sector duramente golpeado por la pandemia.

Modificaciones en la Ley del Suelo de 2001 y en la Ley de Control Ambiental Integrado de 2006 para recortar plazos, centralizar trámites y agilizar las licencias de actividad y construcción (Propuesta de CEOE). 

Programa para incrementar y acelerar la inversión pública. Se engrosa con las partidas destinadas a infraestructuras sanitarias de Atención Primaria (Centros de Salud de Polanco y Piélagos) e inversiones en salud digital en el ámbito de la sanidad que suman 1,5 millones y las previstas para infraestructuras en el ámbito educativo por importe de 4,6 millones. En obras públicas aumenta en 1,5 millones el fondo de derribos y en 3 millones las partidas destinadas a inversiones urgentes para actuaciones de defensa contra las inundaciones.

Ayudas al empleo. El PP pedía inicialmente 15 millones y presenta enmiendas por importe superior a los 5 para proteger a los trabajadores y las familias más afectadas por la crisis. Se trata de la propuesta más sensible al mundo del trabajo y también la más cercana a la concertación social. Incluye un  plan de consolidación de empleo dotado con 2,5 millones en ayudas para evitar que los más de 5.200 trabajadores en ERTE al cierre de noviembre acaben en el paroy un incremento de 300.000 euros en la partida para complemento de los trabajadores afectados ERTEs. 

Plan de recualificación profesional dentro de la empresa dotado inicialmente con 1 millón de euros para incentivar la contratación de parados mayores de 44 años, más de 20.000 y en su mayoría de larga duración.

Plan de mejora de atención primaria acompañado de un nuevo modelo de gobernanza de los centros de salud (1 millón de euros)

Plan de recuperación de la asistencia no Covid para superar retrasos diagnósticos escandalosos, avanzar en atención a la cronicidad y atención domiciliaria y atajar las dramáticas listas de espera, consignamos una dotación de 5 millones de euros.

Plan de adaptación educativa, dotado con 1 millón de euros, para evitar que los alumnos pierdan casi dos años en su currículo académico a consecuencia de esta crisis

Plan para la reorientación de la Formación Profesional, dotado con otro millón, que apueste por una verdadera FP dual en conexión con la empresa y por impulsar nuevas titulaciones vinculadas al tejido productivo y a las nuevas prioridades como la economía verde o digital.

Quince millones para financiar las estancias concertadas de personas mayores, dependientes y con discapacidad. A través de la Ley de acompañamiento, se propone que el Gobierno abone a las entidades prestadoras de servicios el importe total del coste de los mismos cuando, por fuerza mayor o situación de pandemia, se suspenda su actividad o se cierren centros, haciéndose cargo de la parte que hubieran de abonar durante dicho tiempo los beneficiarios de los mismos.

Plan de conciliación de la vida familiar y laboral dotado con 3 millones y bonificaciones y deducciones fiscales a través de la ley de acompañamiento.

Plan de Reducción de altos cargos y cargos directivos del Gobierno y del Sector Público institucional, con un ahorro anual de 2 millones.

Introducción en la Ley de medidas fiscales y administrativas del principio de ruralidad, que pretende que los actos y las normas del Gobierno tengan en cuenta su impacto en el medio rural para garantizar su aplicación y de este modo favorecer el desarrollo sostenible, el reto demográfico y evitar la despoblación.

Medidas para frenar la okupación ilegal, defender la propiedad privada y proteger la convivencia vecinal y la seguridad de las personas y de los bienes, dotando de apoyo técnico-jurídico a los propietarios víctimas de okupación ilegal mediante la suscripción de un convenio con el colegio de abogados para obtener asesoramiento y respuesta en las primeras 48 horas. Se propone también modificar, mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la ley 5/2014 de vivienda protegida de Cantabria para establecer que no puedan ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas en esa ley las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme.

SE ADJUNTAN AUDIOS Y FOTO

Créditos foto: P. Puente