Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha mostrado hoy su rechazo a que la nueva depuradora de aguas residuales que sustituirá a Vuelta Ostrera se ubique en Cortiguera (Suances): “es una decisión estrictamente política, totalmente injustificada”, ha afirmado el vicesecretario y diputado regional Roberto Media.

Media ha advertido de que, desde hace más de un año, el Gobierno de Cantabria y el Ministerio para la Transición Ecológica vienen interfiriendo en lo que debiera ser una decisión estrictamente técnica, como es elegir un nuevo emplazamiento para sustituir a la actual depuradora, sobre la que pesa una sentencia firme de demolición.

“Se han ido cambiando los criterios técnicos en función de los intereses políticos, con informes contradictorios según las necesidades que en cada momento tenían para elegir una u otra alternativa”, ha afirmado Media, quien ha hecho hincapié en que “han dado continuos bandazos y lo que un día era sí, al día siguiente era no, en una total ceremonia de la confusión”.

Como ejemplo, ha explicado que en el Estudio de Impacto Ambiental sobre las alternativas para ubicar la nueva depuradora hecho público el 27 de diciembre de 2017, los técnicos calificaron Vuelta Ostrera-2, ahora seleccionada, como la de mayor impacto ambiental de las 14 alternativas.

Lo mismo ocurrió en la ‘Adenda al estudio de impacto ambiental de las alternativas planteadas para la sustitución de la EDAR existente en Vuelta Ostrera’, redactada en marzo de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se concluía que la alternativa Isla de Solvay era “la finalmente seleccionada para desarrollar el anteproyecto”, una decisión que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ratificó en el Congreso de los Diputados en agosto de 2020 y contra la que también se ha posicionado el Partido Popular.

Media se ha preguntado cómo se explica y a qué se debe este cambio de criterio para que Cortiguera haya pasado de ser en 2017 la opción con mayor impacto ambiental a resultar elegida dos años después por el ministerio de Teresa Ribera.

Y ha pedido al presidente Miguel Ángel Revilla y a los consejeros Blanco y Gochicoa que aclaren si en sus reuniones con el Ministerio han hecho alguna gestión que explique este bandazo y este engaño a los cántabros y, en especial, a los vecinos de la comarca del Besaya, puesto que el Gobierno regional ha pedido por escrito en varias ocasiones que se descarte esta opción.

Así, ha recordado que, el 5 de julio de 2016, el Gobierno de Cantabria propuso que se descartara esta alternativa por no ser la que más ventajas ofrecía desde una perspectiva de menor afectación ambiental. El Gobierno citaba textualmente en su escrito “hechos objetivos desfavorables, como su constitución en un relieve de ladera, los riesgos naturales, la conservación de un paisaje litoral singular, el gran impacto visual, o establecimiento de figuras de protección en la planificación litoral y urbanística”.

Igualmente, en el informe que el Gobierno de Cantabria remitió el 19 de marzo de 2018 al estudio de alternativas se decía que “el cumplimento de las restricciones impuestas por los criterios de exclusión de carácter ambiental, zonas inundables, distancia a núcleos de población, zonas de muy alto y alto valor agrológico y terrenos afectados por procesos geomorfológicos activos” suponía descartar por su proximidad a la población de Cortiguera esta alternativa hoy elegida.

Media ha hecho hincapié en que la nueva ubicación debe decidirse buscando la menor afección medioambiental sobre los núcleos de población y huyendo de interferencias políticas en una decisión que debe ser estrictamente técnica y ha anunciado que el Grupo Popular pedirá en el Parlamento de Cantabria los informes que acreditan esta decisión y contradicen los anteriores y que el Gobierno de Cantabria dé todas las explicaciones oportunas.

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