Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado hoy que el Gobierno PRC-PSOE calla y otorga mientras Pedro Sánchez y Podemos ponen en jaque el empleo de las personas con discapacidad y la viabilidad de los centros especiales de empleo con un recorte brutal de los incentivos a la contracción.

"Estamos ante un problema gravísimo del que, como siempre, el Gobierno regional no está ocupándose ni preocupándose, está ausente", ha dicho la dirigente popular después de reunirse con CERMI para analizar el anteproyecto de ley de la ministra Yolanda Díaz que regula los incentivos a la contratación y que está generando una enorme inquietud y la oposición unánime del sector, al recortar las bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social de las personas con discapacidad.

Según Buruaga, está ley socava los fundamentos del empleo protegido y las oportunidades de las personas con discapacidad; atenta contra su inclusión socio-laboral y compromete seriamente la viabilidad de los centros especiales de empleo: 2.300 en España en los que trabajan 100.000 personas y 24 en Cantabria que emplean a 1.300 personas con discapacidad.

En el caso de Cantabria, afecta a centros especiales de empleo y entidades como la ONCE, Ampros, Amica, Cocemfe o el propio CERMI, que tienen como finalidad generar puestos de trabajo para personas con discapacidad, ser motores de empleo, y que van a sufrir un incremento inasumible de los costes laborales.

"Este es el Gobierno de la gente, el que se ocupa de los débiles y vulnerables", ha ironizado Buruaga, quien ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez y Podemos pretende ahorrar con el nuevo sistema de bonificaciones 225 millones de euros a costa de miles de empleos de personas con discapacidad y no de ministerios, asesores, aparato político o propaganda.

Y se ha preguntado si este es el progresismo y la defensa de los más vulnerables de los que tanto presumen Pedro Sánchez y la ministra Yolanda Díaz, porque a la hora de la verdad lo que están haciendo es dar marcha atrás en años y años de avances sociales conseguidos entre todos y arruinar un modelo de empleo de las personas con discapacidad que lleva vigente más de 40 años en España sin analizar la realidad y medir las consecuencias y de manera unilateral, pues no han contado con el sector ni con las comunidades autónomas, lo que solo se entiende desde la radicalidad ideológica.

La dirigente popular ha criticado que, ante este recorte brutal, el Gobierno esté ausente, puesto que nadie conoce su posición ni sabe qué piensa y qué defiende la Consejería de Empleo y Política Social. "No habla de lo que no le interesa que se hable. No le hemos escuchado ni una sola palabra para no molestar a Madrid. Calla y mucho me temo que otorga", ha remarcado.

Buruaga ha asegurado que el PP va a tratar de impedir por todos los medios que se consume este retroceso sin precedentes en los derechos sociales de las personas con discapacidad y ha anunciado que no sólo va a denunciar la situación, sino que va a exigir que la ministra dé marcha atrás en este recorte en una acción coordinada de todos los grupos institucionales.

De hecho, ya ha registrado una iniciativa en el Parlamento para que el Gobierno manifieste su oposición frontal y pida la retirada inmediata de la reforma. "Estamos a tiempo de frenar este retroceso y sus fatales consecuencias", ha concluido.

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Créditos foto: Nacho Cubero