Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento de Cantabria en la que reclama al Gobierno de España que modifique la última prórroga del procedimiento de desahucio para que la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos se limite a las personas jurídicas arrendadoras que ostenten la condición de grandes tenedores, excluyendo de dichas paralizaciones judiciales a los pequeños propietarios.

“El Gobierno de Sánchez no puede seguir trasladando el problema de la okupación a los pequeños propietarios”, ha dicho el diputado y portavoz del Grupo Popular en materia de Vivienda, Rafael de la Gándara, que ha dado a conocer hoy en rueda de prensa esta iniciativa que defenderá en la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento.

De la Gándara ha afirmado que lejos de dar solución al problema habitacional existente en España, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de tres años trasladando el problema a los ciudadanos y adoptando medidas que agreden gravemente a los pequeños ahorradores y pequeños propietarios que habían adquirido una segunda vivienda a fin de poder, por ejemplo, complementar sus ingresos y pensiones de jubilación, o personas jóvenes que compran una vivienda y que la quieren arrendar para pagar los intereses de la hipoteca y se encuentran que al segundo día la vivienda está ocupada, y no pueden echar al inquilino moroso que verdaderamente es un okupa.

Además, ha advertido de que se está constatando el aumento del fenómeno de la inquiokupación: los inquilinos después de la firma de un contrato de alquiler dejan de pagar la renta y viven en la vivienda por años, sin que los arrendadores puedan recuperar su propiedad. “Y que no pueden echar al inquilino moroso que verdaderamente es un acto disimulado y que se trata de una okupación”, ha dicho.

Según recoge el PP en su iniciativa, el Gobierno de España ha venido prorrogando mediante sucesivos decretos y disposiciones transitorias la regulación de carácter temporal para impedir los desahucios y lanzamientos de las personas que no pagan que estableció en el año 2020 dentro de las medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias provocadas en el ámbito social y económico por el Covid-19.

De este modo, la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos por falta de pago se dictó en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, se amplió por Real Decreto Ley 20/2022 de 27 de diciembre, se prorrogó por medio de la Ley por el derecho a la vivienda en mayo de 2023 y actualmente, un nuevo Real Decreto Ley (8/2023 de 27 de diciembre) procede a modificar y prorrogar la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos, ampliando dicha suspensión a todo arrendamiento de vivienda, sin diferenciar si los arrendadores son catalogados como grandes tenedores y, concretamente, extendiendo su aplicación a cualquier propietario individual que sea titular y arrendador de vivienda.

De la Gándara ha explicado que esta forma de actuar del Gobierno del PSOE está conduce directamente a una carencia de oferta en el mercado de alquiler de vivienda residencial, así como a una subida importante del alquiler y precio de la vivienda.

 Por ello, mediante esta iniciativa, el PP reclama al Gobierno de España que modifique la última prórroga de suspensión del procedimiento de desahucio para que la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos se limite a los grandes tenedores.

Y, asimismo, que el Gobierno de España establezca y regule con relación a las personas que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, un sistema de ayudas finalistas directas destinadas al pago de alquiler de vivienda habitual, pagaderas con carácter anual en el mes de enero de cada año.

El portavoz de Vivienda del PP ha subrayado que no pueden enfrentarse el derecho de la propiedad con el derecho a una vivienda digna, porque no son derechos excluyentes, son derechos constitucionales y es el Gobierno Central el que debe asumir este asunto, y no trasladarlo a los ciudadanos de a pie.

Por último, señala que el PP defiende “tolerancia cero a la okupación, seguridad jurídica a los arrendadores, y no dar cobertura jurídica a los ocupantes ni por contratos de arriendo, ni por cualquier otra forma que simuladamente les permita hacer estas actuaciones contrarias al derecho y pequeños propietarios.

Se adjuntan audio, fotografía y PNL del Grupo Popular