El Grupo Popular pedirá en el pleno del próximo martes, 21 de mayo, que el Parlamento de Cantabria inste al Gobierno de España a reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad “ante el abandono del ministro Marlaska”. De esta manera, los populares buscan adherirse a la Ley Feijóo aprobada en el Senado el pasado mes de abril, y que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria en el Congreso, para modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria.
El diputado regional y portavoz de Seguridad del PP, Cándido Cobo, explica que con esta iniciativa, también se solicita que se mejore y complemente las condiciones sociolaborales y económicas de estos trabajadores. Además, que se imparta por la propia Institución Penitenciaria, antes de iniciar su actividad, la formación específica tanto teórica como práctica, que permita a estos trabajadores identificar aquellos indicadores de los que se pudiera interferir que un interno pudiera encontrarse en un proceso de radicalización, ya sea como sujeto pasivo o activo de este proceso. Y, que en los procesos penales seguidos contra trabajadores penitenciarios, en caso de detención, se garantice su separación del resto de detenidos y, en supuesto de ingreso en prisión así como los traslados bajo custodia, se mantengan en todo momento separados del resto de reclusos.
Cobo señala que esta situación podría afectar en Cantabria a un millar de funcionarios, y ha recordado que, tal y como se ha informado, senadores y diputados del PP están realizando una ronda de contactos con los principales sindicatos de funcionarios de prisiones “con el fin de transmitir al colectivo el apoyo del PP y nuestro compromiso con su reivindicación”.
Además, recuerda que los trabajadores penitenciarios atienden situaciones tan conflictivas como es el velar por el cumplimiento de quienes han sido objeto de sanciones por parte del orden penal, aplicando excepcionales medidas de seguridad que, en no pocas ocasiones, son fuente de conflictos entre los propios internos. Y lamenta que en un número cada vez más elevado de funcionarios de prisiones tengan que hacer frente a situaciones de violencia. Prueba de ello, afirma, es que solo en 2023 se produjeron 508 agresiones a funcionarios, “una cifra récord, que se incrementa en un 12% con respecto al año 2022 y lo que supone una media de una agresión cada 17 horas”.
Por último, los populares defienden que es el momento de “saldar esta deuda histórica” con los funcionarios de prisiones, ya que supondría un importante paso para la protección de estos trabajadores, “que llevan los últimos 6 años desatendidos por el Gobierno de Pedro Sánchez”.
Se adjuntan audio, fotografía y PNL del Grupo Popular
