Partido Popular en Cantabria

El diputado autonómico y portavoz de Salud del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado hoy que el archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia presentada por Podemos contra el convenio del Hospital Santa Clotilde, del Gobierno de Cantabria, confirma que "la actuación de la Consejería de Salud se ha desarrollado siempre dentro de la legalidad y que nunca existió el supuesto caso penal que algunos intentaron construir".

Vargas ha afirmado que la documentación de la Fiscalía "no admite interpretaciones", ya que no aprecia indicio alguno de ilícito penal y acredita que la modificación del convenio contaba con cobertura presupuestaria, no supuso un incremento del gasto, sino un ajuste técnico, y respondía a las necesidades estructurales del sistema sanitario.

"Queda claro que la Justicia no se puede utilizarse para intentar ganar un debate político. Cuando alguien presenta una denuncia penal sin fundamento, quien pierde no es el Gobierno, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha señalado.

Y ha lamentado que el uso de un tema tan sensible como es la salud para “fabricar titulares y alimentar una campaña política", obligando a movilizar recursos públicos y el trabajo de distintos organismos "para terminar exactamente donde ha terminado este procedimiento: en un archivo".

"Resulta llamativo que quienes presumen de defender lo público sean los que utilizan los recursos públicos para fabricar campañas. Hablan de proteger las instituciones, pero las instrumentalizan. Hablan de defender el dinero público, pro provocan gastos innecesarios. Hablan de ejemplaridad, pero provocan gastos innecesarios para sostener denuncias que carecen de recorrido penal”, ha dicho.

Y frente a esa forma de hacer oposición, Miguel Ángel Vargas ha destacado la gestión que está haciendo el Gobierno de Cantabria del Partido Popular en materia de Salud. "Mientras algunos se dedicaban a sembrar sospechas, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la sanidad pública, reduciendo listas de espera, incorporando profesionales e impulsando inversiones. Esa es la diferencia entre la política del ruido y la política de la gestión".

"La Fiscalía ha dejado claro que no existe ninguna conducta penalmente reprochable al convenio de Santa Clotilde. Ahora, quienes han promovido esta denuncia deben explicar por qué intentaron convertir una discrepancia política en un procedimiento penal que nunca debió salir del ámbito del debate democrático", ha concluido el portavoz de Salud.

*Se adjunta audio y foto*