Partido Popular en Cantabria

La diputada popular María Antonia Cortabitarte ha asegurado que la plantilla de las empresas públicas dependientes de la Consejería de Industria "se ha multiplicado por cinco" desde que gobierna la coalición PRC-PSOE, ya que con el anterior Ejecutivo PP-PRC había 35 trabajadores que han pasado a 126 en la actualidad, lo que supone un gasto de "dos millones de euros" en nóminas.

Ha explicado que en 2003 esta Consejería contaba con las empresas públicas Sodercan, Sican y Sitor y la Fundación Centro Tecnológico de Componentes, y ahora existen, además de las mencionadas, Idican, Encamta, Genercan, PCTCAN, la sociedad que gestiona Marina-Medio Cudeyo, la de Suelo Industrial de Vallegón, la del parque de Villaescusa, la del Ecoparque Mioño, la del proyecto de Val de San Vicente y la Fundación Centro Tecnológico de Logística Integral.

El personal contratada para estas sociedades, "de forma indiscrimnada" y "a dedo", es de 127 trabajadores más, la mayoría con contratos indefinidos y, en el caso de Sodercan, triplicando su
número al pasar de 29 en 2003 a 68 en la actualidad, ha añadido Cortabitarte en rueda de prensa.

Y la diputada del PP se ha preguntado en qué ha mejorado la gestión de la Consejería de Industria en estos años con este aumento de personal, que ha asegurado que gestiona los mismos proyectos y tiene las mismas competencias que en 2003.

La representante del grupo parlamentario del PP, que pedirá el lunes, ante el pleno, al consejero de Industria, Juan José Sota, que dé el nombre de estas nuevas personas contratadas, ha rechazado los "elevados sueldos" que cobran algunos de estos trabajadores.

Ha señalado que más de 69 trabajadores de estas empresas públicas reciben al año 30.000 euros, otros veinte perciben más de 40.000, diez "superan con creces" los 50.000 euros anuales y tres cobran más de 64.000 euros.

Y por encima de estos sueldos, ha recordado, que el director de Sodercan, Francisco Royano, recibe 89.000 euros, el gerente de este grupo, Salvador Blanco, cobra al año 94.000 euros y el actual responsable del Instituto Cántabro de Finanzas y anterior director de la Coordinadora de Empresas Públicas, Luis Egusquiza, accedió al cargo por 120.000 euros al año.

Cortabitarte ha dicho que este directivo es el "prototipo del chollo" que supone trabajar para el Gobierno de Cantabria, cuando, a su juicio, Egusquiza "se dedica a endeudar" a la comunidad autónoma y "dejar las finanzas como las dejará".

La diputada del PP ha rechazado que su grupo no conozca el 90 por ciento de los nombres de los trabajadores de las empresas públicas de la Consejería de Industria, cuando ha asegurado que no están amparados por la Ley de Protección de Datos, porque no se solicita información personal sino como trabajador de una administración pública.

Ha señalado que en el caso de algunos de estos trabajadores, el PP conoce que "se quiere ocultar" su identidad por su "vinculación directa" con los partidos que gobiernan la comunidad autónoma.

"Lo que es indiscutible es que cuando algo se puede enseñar no se oculta y, en caso contrario, quiere decir que si el Gobierno no quiere dar esos datos es porque tiene muchas cosas que ocultar", ha apostillado la diputada, quien ha confiado en que Sota facilite el lunes esos datos a su grupo.

Porque ha insistido en que esta Consejería ha contratado a estos trabajadores de "forma arbitraria" y les "ha asegurado la vida" sin haber pasado ninguna prueba de capacidad cuando hay miles de personas que "se matan" por aprobar una oposición" y, más, ha dicho, ahora ante la actual situación de crisis.

EFE