Partido Popular en Cantabria

María Antonia Cortabitarte anunció hoy que, cuando se reanude el periodo de sesiones, su grupo parlamentario pedirá explicaciones al consejero de Industria sobre la situación del concurso para la implantación de la televisión digital terrestre vía satélite en Cantabria.

La portavoz de Industria del Partido Popular recordó que SES Astra reclama al Ejecutivo cántabro 22 millones de euros en concepto de indemnización por ser la empresa adjudicataria de un concurso que nunca llegó a materializarse al ser cancelado por el Gobierno regional "unilateralmente" tres meses después de la adjudicación.

"El Gobierno decide rescindir ese contrato y el argumento que utiliza es que esta actuación resulta inviable puesto que el Gobierno del Estado se iba a encargar de poner en marcha este servicio de transmisión por satélite y, por lo tanto, ya no era viable lo que pensaba hacer el Gobierno de Cantabria", explicó Cortabitarte.

La diputada regional se preguntó "¿de qué permisos disponía el Gobierno en ese momento para poder hacer un concurso de redifusión vía satélite si eso no tenía cobertura legal?" y "¿cómo es posible que el Gobierno de Cantabria se atreviera a convocar un concurso sin saber cuáles eran las actuaciones que iba a tomar el Ministerio?".

"Estamos ante una nueva chapuza de la Consejería de Industria, ante una actuación que podemos calificar de negligente e irresponsable de esta Consejería y que puede suponer un grave perjuicio económico a las arcas regionales", dijo Cortabitarte.

Asimismo la portavoz de Industria señaló que el grupo parlamentario popular preguntará al Gobierno por el paradero de la partida de 5 millones de euros que se transfirieron de la Consejería de Industria a la sociedad pública Idican para convocar el concurso, que se adjudicó por 4,5 millones, "y que no sabemos dónde se ha quedado".

María Antonia Cortabitarte lamentó que estemos otra vez "en la cuerda floja" por la mala gestión de "un Gobierno que ha jugado con los intereses de unas empresas que han acudido a un concurso público, que en su momento cumplirían todos los requisitos para que se les adjudicara y que, sin más, de repente el Gobierno lo rescinde".

"Esta situación es una herencia del anterior consejero de Industria, el sr. Del Olmo, que nos dejó otra herencia que lleva un camino muy parecido: el concurso eólico", concluyó la diputada regional.