El presidente del Partido Popular insiste en que hay suelo urbanizable en los ayuntamientos de Camargo y Bezana, apto para la construcción de viviendas de protección oficial.
Ignacio Diego lamentó la "enésima vuelta de tuerca" del consejero de Vivienda sobre el PSIR del Bojar y los planes del Gobierno, "que a la vista de lo que proponen hacen cada vez menos necesario e incomprensible continuar con ese proyecto singular".
Para el presidente del Partido Popular, tras cuatro años "parece que creen olvidados los oscuros inicios de este PSIR, con el Gobierno comprando terrenos rústicos junto a un constructor, para luego cambiarlos la calificación y promover el proyecto del Bojar, sin contar en ningún caso con los ayuntamientos afectados".
"Ahora que han visto el resultado de su nefasta gestión, que ha causado alarma entre los numerosos afectados por las expropiaciones, plantean que los ayuntamientos 'regalen' ese suelo al Gobierno para promover VPO, cuando los propios consistorios pueden hacer esas promociones públicas sin necesidad del Gobierno".
Ignacio Diego señaló que es evidente cúal es la capacidad del Gobierno en la promoción de vivienda protegida "Prometieron 8.000 la anterior legislatura y apenas llegaron a las 1.500, y de la presente legislatura, mejor no hablar".
Frente a ello contrapuso el modelo del Partido Popular, "tenemos ejemplos bien claros en las casi 700 viviendas promovidas por el ayuntamiento de Santander, las 130 de Astillero, así como en Argoños o Alfoz de Lloredo, en todos los casos sin participación alguna del Gobierno de Cantabria".
"Los ayuntamientos afectados por el PSIR del Bojar tienen suelo edificable, ya sea para vivienda libre o para protegida, con lo que el Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer, ponerse a gestionar suelo de acuerdo con los ayuntamientos, y sacar esas viviendas como protegidas, en vez de subirse al monte, y hacer el PSIR del Bojar".
Diego recordó que a través de las alegaciones al PSIR, "ambos ayuntamientos han expresado su posicionamiento contrario al PSIR en el Bojar, con lo que al Gobierno le queda, rectificar, tranquilizar a los afectados, y hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio, dialogar con los ayuntamientos".
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