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Diego aboga por una reforma de la Ley de Costas para garantizar el mantenimiento de miles de empleos

El Partido Popular está preocupado por las negativas consecuencias que la aplicación de la Ley de Costas va a tener sobre las empresas y el empleo en Cantabria. Según el presidente de los populares cántabros, Ignacio Diego, son cientos de empresas y miles de puestos de trabajo los que pueden desaparecer. Por ello, abogó por una reforma de la citada ley que garantice la continuidad de las industrias y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Diego, quien junto al portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, mantuvo un encuentro en la Cámara de Comercio de Santander con afectados por esa normativa, anunció que en los próximos días se debatirá en la Cámara Alta una iniciativa presentada por los populares con el fin de lograr que la Ley de Costas no tenga las perniciosas consecuencias que, de mantenerse en sus actuales términos, va a tener.

El presidente regional del PP, lamentó la "manifiesta ausencia de interés" mostrada ante este asunto por el Gobierno de Cantabria que, según añadió, "como único argumento para no escuchar y no atender a todos los afectados, aduce la falta de competencias", cuando tiene asumidas desde hace años todas las transferencias en materia de Ordenación del Territorio.

Diego explicó al respecto que la citada ley delimita una franja de terreno como dominio público marítimo-terrestre, es decir, define qué parte del territorio queda afectado por ese dominio y los usos que se le pueden dar, luego en su opinión "el Gobierno de Cantabria sí tiene competencias sobre esa materia y tiene obligación de ejercerlas".

Como ejemplo de la falta de interés del Gobierno, el presidente regional del PP se refirió a la visita que el presidente de Cantabria realizó en 2009 a la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para hablar sobre un asunto relativo a la Ley de Costas. Según Diego, en esa entrevista "Revilla se ocupó, únicamente, del futuro de un campo de golf en pleno parque de Oyambre".

También se refirió al reciente acuerdo entre el PSOE y el PNV para garantizar la permanencia de la empresa Petronor en Múskiz. Al respecto dijo que la medida apoyada "por los senadores socialistas que representan al señor Revilla para librar a una empresa del País Vasco", medida con la que está de acuerdo, debe generalizarse para que se aplique el principio constitucional de igualdad de derechos a las empresas que se encuentran en la misma situación.

 

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