El diputado y portavoz de Industria del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Carlos Bedia, ha solicitado hoy al Gobierno de Cantabria que exija responsabilidad patrimonial a los anteriores gobernantes de la comunidad autónoma por su "negligente" gestión en la instalación de la factoría de fibroyeso GFB en la localidad de Orejo.
Para el parlamentario del PP, la compra de GFB por parte de la compañía alemana Fermacell es la noticia "menos mala" para Cantabria desde el comienzo del proyecto. "Además de contribuir a crear empleo y riqueza, pone fin a la larga sucesión de disparates cometidos en torno a esta factoría por el mal gobierno del PRC-PSOE", agregó Bedia.
No obstante, Carlos Bedia ha destacado que la inversión de 14,5 millones de euros por parte de Fermacell sólo servirá para que los acreedores preferentes recuperen parte de su inversión. "Lo dramático - continuó el diputado regional - es que muchos proveedores, básicamente pequeñas empresas de Cantabria, se quedarán sin cobrar".
"El hecho de que finalmente este proyecto fallido haya encontrado una salida, no nos debe hacer olvidar que en él se invirtieron 90 millones de euros y que el Gobierno PRC-PSOE comprometió 45 millones", sentenció Carlos Bedia, para quien la liquidación de GFB por 14,5 millones de euros debería obligar a los ex responsables políticos de la coalición PRC-PSOE a reparar o responder por el daño de su gestión en el caso GFB.
A juicio de Carlos Bedia, "la sociedad de Cantabria debe ser consciente de que debido a la negligente forma de manejar el dinero público de los miembros del Gobierno de Miguel Ángel Revilla, los cántabros hemos perdido en la fábrica de Orejo 45 millones de euros, que no vamos a poder recuperar" y, por ello, concluyó Bedia, "el Gobierno debería exigir responsabilidad patrimonial a los anteriores gobernantes de la comunidad por el daño causado a las arcas públicas".