Tras la confirmación por parte de la Fiscalía de que en la gestión de GFB hubo dolo o negligencia grave que complicó aún más la situación de insolvencia de la empresa y que la llevó a quebrantos económicos durante la puesta en marcha de GFB, el diputado del PP y portavoz en la comisión de Industria del Parlamento de Cantabria, Carlos Bedia, ha afirmado que "ya está tardando Miguel Ángel Revilla en asumir su responsabilidad política".
Y esta tardando, según el diputado popular, "porque la Fiscalía afirma rotundamente que la adquisición de maquinaria produjo un quebranto económico de cerca de 12,9 millones de euros, que la compra del material a Euroamércica ocasionó una perdida de más de 3 millones de euros, y que la fraudulenta contratación de personal supuso una perdida de más de 120.000 euros".
Las conclusiones de la Fiscalía coinciden absolutamente con lo que se descubrió en la comisión de investigación parlamentaria de GFB, demostrando, según Bedia, "que a pesar de los obstáculos y trabas que puso la oposición del PRC y PSOE a que se celebrara dicha investigación - y que ahora entendemos -, ha sido decisiva para el conocimiento de los hechos".
"El líder regionalista fue el que presumió de este proyecto, el mismo que, como Pedro, repitió tres veces en el estrado del Parlamento que era el máximo responsable del proyecto de GFB", ha recordado el diputado del PP.
Revilla fue el máximo responsable de que se mantuviera desde el año 2007 a 2009 escondido que GFB tenía una situación de insolvencia, y eso se lo recuerda ahora la Fiscalía en las demoledoras conclusiones que se han conocido hoy sobre la quiebra fraudulenta de GFB. Si se hubieran tomado las medidas en el 2007 que se vieron forzados a admitir en el 2009, "las pérdidas para Cantabria y las responsabilidades del Gobierno que él presidía, sin duda hubieran sido menores", ha indicado Carlos Bedia.
Mantener escondida a la opinión pública desde el 2007 al 2009 la situación de quiebra de la empresa lo hizo Revilla exclusivamente por motivos electoralistas, de manera que no le estallara el escándalo justo en plenas elecciones. Eso, según el diputado Carlos Bedia, "es de una irresponsabilidad política indigna de quien se supone, según la Ley Régimen Jurídico del Gobierno 6/2002 en su artículo 4, dirige y coordina la actuación del Gobierno y, por tanto, debería representar a todos los cántabros y defender sus intereses".
Esa actitud mezquina, ha llevado a que la propia Fiscalía considere culpable de la quiebra de GFB a un miembro de su Gobierno, el señor Miguel Ángel Pesquera, que según Bedia "siguiendo sus ordenes escondió este pufo a todos los cántabros". Esa ocultación y dejación de funciones lleva a que SODERCAN en vez de ser una víctima de la estafa de GFB, por orden de Revilla y por la actuación de Pesquera, se convierta en cómplice, "llevándonos a la esperpéntica situación de que el Gobierno a través de SODERCAN no pueda recuperar ni un solo euro de lo invertido a GFB, por que el fiscal los considera corresponsales de la nefasta gestión", ha aseverado Beidia.
Para el diputado popular, esta actuación ha supuesto a los ciudadanos de Cantabria una perdida de 45 millones de euros, "que jamás recuperaremos. 45 millones de los impuestos de todos los cántabros, que supusieron un esfuerzo para ellos y que el Gobierno de Revilla malgastó traicionando su confianza por una soberbia más propia de un Virrey que de un Presidente del Gobierno".
Esta irresponsabilidad en la actuación y el despilfarro del dinero de los impuestos de todos los cántabros, cuantificado en la escalofriante cifra de 45 millones de euros "no puede quedar impune, ni puede el señor Revilla desviar su responsabilidad hacía el mero ejecutor que cumplía sus órdenes". El máximo responsable del proyecto de GFB, según el mismo afirmaba ufano en atril parlamentario, era Miguel Ángel Revilla, "pues ahora que se retrate", ha exigido Carlos Bedia.
Por tanto, debe asumir inmediatamente su responsabilidad, de lo contrario demostrará, eso sí una vez más, "su falta de calidad democrática y su cobardía escondiendo en otros sus flaquezas, debilidades e incompetencias".
Desde el Partido Popular se asegura que el actual Gobierno de Ignacio Diego está llevando a cabo "todas las medidas que se pueden realizar tendentes a defender los intereses generales de Cantabria y para que los responsables de esta chapuza asuman sus responsabilidad en todos los ámbitos".