En este encuentro Javier Puente subrayó la relevancia de esta Ley, que se encuentra en tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, teniendo en cuenta la creciente importancia de las Telecomunicaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos, y trasladó al Director General de Comunicaciones del Ejecutivo cántabro su convencimiento de que la Ley General de Telecomunicaciones permitirá la definición y obtención de "un marco regulatorio más estable, que fomente la inversión, incremente la seguridad jurídica y elimine las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación".
"Tendremos la Ley General de Telecomunicaciones que España necesita para impulsar la economía digital, mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas y crear empleo", ha considerado el diputado del PP, resaltando la importancia de este sector, que en España emplea a más de 65.000 personas y en 2012 facturó 34.000 millones de euros, según recuerda Puente.
El parlamentario por Cantabria ha precisado que el sector de las telecomunicaciones se encuentra ahora en un momento de inversión en fibra óptica y en el despliegue de redes de 4G móvil y ha subrayado que, precisamente, los ejes directrices que definen la Ley General de Telecomunicaciones afrontan este conjunto de necesidades y desafíos.
Según ha dicho, esta innovación tecnológica, además de contribuir a la creación de empleo e incrementar la productividad de las empresas, redundará en beneficio de los ciudadanos, que estarán así en condiciones de recibir un servicio de mejor calidad, con un menor coste económico y unas mayores garantías como consumidores.
Del mismo modo, ha señalado que las mejoras del sector unidas a la Ley de Telecomunicaciones "proporcionarán a los ciudadanos mayor cobertura, capacidad de elección entre empresas, más calidad y más servicios a menores precios. Todo ello sin olvidar la defensa de sus derechos como consumidores".
A este respecto, Javier Puente ha destacado a modo de ejemplo que con el nuevo Proyecto de Ley se van a ver "reforzados" derechos como el de los ciudadanos de no recibir llamadas no deseadas, mediante la atribución a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de la capacidad de sancionar.
FAR de la reunión de Javier Puente y el Director General de Comunicaciones, Fermín Llaguno
