Partido Popular en Cantabria

La celebración durante estos días del "28 encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital: El Reto Europeo" en el Palacio de la Magdalena de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo constituye un buen momento para analizar cuál es el peso específico que el sector de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones tiene tanto para la economía española en general como para la de Cantabria en particular.

Nos encontramos ante un sector cuya facturación anual supera los 91.000 millones de euros, que emplea a alrededor de 400.000 personas y que invierte más de 15.000 millones de euros cada año. Además, su carácter estratégico, innovador y con capacidad de generar valor añadido le permite mejorar la productividad y competitividad del resto de sectores productivos. Tales consideraciones son plenamente aplicables al caso específico de la economía cántabra.

En el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones legislativas de 2011 se subrayaba la necesidad de impulsar el pleno desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea. Esta orientación, que contó desde el principio de la legislatura con el apoyo del Presidente del Gobierno y fue activamente impulsada por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, se concretó en aspectos como el diseño y aprobación de la Agenda Digital para España o la apuesta por la modernización tecnológica del Estado a través de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas.

En la pasada primavera se dio un nuevo paso hacia delante con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, una normativa que recibió el apoyo mayoritario de Congreso y Senado y que sienta las bases para mejorar los niveles de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, así como para impulsar la competitividad de las empresas. La ley aporta valores añadidos como la universalización del servicio de la banda ancha ultrarrápida y el impulso del despliegue de esta clase de redes de acceso y el fomento de su adopción por parte de los ciudadanos, las empresas y las administraciones para garantizar la máxima cohesión social y territorial, así como la adopción del principio de neutralidad tecnológica para la convocatoria pública de ayudas para su extensión a zonas donde no existe la adecuada oferta o a núcleos rurales de difícil acceso y baja densidad de población.

En su intervención en el foro de la UIMP el Ministro José Manuel Soria puso de relieve que el mercado digital único supone un formidable reto para Europa a la hora no sólo de recuperar el liderazgo sino también para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el crecimiento económico, la creación de empleo y el fomento de la competitividad del tejido industrial y empresarial.

Como señaló el Presidente Mariano Rajoy en su comparencia tras el Consejo de Ministros celebrado a finales de julio, 2012 fue el año del ajuste, 2013 el de las reformas y 2014 el de la recuperación económica. Tras más de dos años de intensa actividad reformadora que ha implicado un extraordinario esfuerzo colectivo de la sociedad española, hemos pasado de un país al borde del abismo (con un déficit galopante que se situaba por encima del 9%, una constante destrucción de empleo y un sistema financiero que precisaba una urgente reestructuración) a un país que ha encadenado tres trimestres consecutivos de crecimiento, que tiene 300.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año y en el que el paro ha disminuido en 250.000 personas durante el último semestre.

En este contexto de superación de la recesión más profunda de toda la historia de la democracia española el papel que deben jugar las telecomunicaciones y la economía digital resulta esencial. Distintos estudios internacionales han subrayado que un aumento del 10% en la penetración de la banda ancha genera, por término medio, un incremento en el crecimiento del PIB de entre el 0,9% y el 1,5%. También conocemos que las pequeñas y medianas empresas digitalizadas aumentan su producción un 10% más respecto a las no digitalizadas, así como que crecen, exportan y generan empleo de manera mucho más rápida. Este dato es particularmente relevante si tenemos en cuenta que las pymes aportan el 65% del PIB español y suponen el 75% del empleo de nuestro país.

En definitiva, el desarrollo de la economía digital representa una gran oportunidad para la creación de empleo. La Comisión Europea ha estimado en 900.000 puestos de trabajo potenciales en la Europa del 2020. Estamos avanzando en la buena dirección pero todavía queda un camino por recorrer. España no puede permitirse el lujo de quedarse atrás y debe pisar el acelerador del crecimiento. El Gobierno de la Nación está estableciendo un conjunto de medidas que van en esa línea: colaboración con las administraciones locales para la simplificación en el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones; desarrollo de proyectos que permitan la integración de la banda ancha en ámbitos estratégicos para la sociedad española como los referidos a educación, turismo y empresas; puesta en marcha de un conjunto de mayores garantías en la calidad de los servicios recibidos y en los derechos de los usuarios. Todo ello facilitará la consolidación de nuestra recuperación económica contribuyendo al crecimiento y a la generación de empleo cualificado y fomentará el desarrollo de un tejido productivo más competitivo y eficaz.

Tribuna de opinion publicada el 9 de septiembre de 2014 en El Diario Montañés