Reformas pendientes para el nuevo curso político
Ana Madrazo Díaz, diputada nacional del PP por Cantabria y portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados
Ana Madrazo Díaz, diputada nacional del PP por Cantabria y portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados
La situación económica es todavía difícil, pero ya muy pocos niegan que los españoles tenemos motivos para mirar al futuro con esperanza.
Nuestra economía encadena cuatro trimestres consecutivos con crecimientos en positivo y, lo que es todavía más importante, gracias a las reformas del Gobierno, hemos conseguido que el crecimiento, pese a ser aún débil, se traduzca en creación de empleo. Hoy hay 270.853 desempleados menos que hace un año y nuestra Seguridad Social tiene 320.000 afiliados más.
A diferencia del pasado, hoy la economía crea empleo con tasas de crecimiento mucho más reducidas y de forma casi simultánea a la recuperación de la actividad. En la recuperación de los años noventa se necesitaban cuatro trimestres de crecimiento del PIB para poder crear empleo. Este dato nos permite ser optimistas respecto a la evolución del empleo en los próximos meses, al existir unas previsiones de crecimiento para este año del 1,2% del PIB, lo que indica que las reformas de los Gobiernos del Partido Popular han conseguido detener la caída y estabilizar la economía para empezar a crecer y seguir creando empleo, que es nuestro objetivo prioritario.
El Gobierno del Partido Popular ha hecho de la recuperación de la confianza un objetivo esencial y ha puesto en marcha un amplio programa de reformas dirigidas a restaurar la credibilidad de país, que incluye también la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.
Y es que no debemos obviar que entre las reformas aún pendientes y que los ciudadanos reclaman con urgencia también se encuentra el lograr un gran pacto político que impulse medidas de regeneración democrática. Por esta razón el Gobierno ha puesto ya en marcha medidas legislativas que pretenden evitar conductas indeseables de los representantes públicos, que a todos nos escandalizan, de manera que se puedan prevenir y sancionar con contundencia este tipo de comportamientos. Se han aprobado ya algunas medidas que van en esta dirección, como la reducción de subvenciones a partidos políticos y sindicatos o la limitación de sueldos e indemnizaciones a los responsables de empresas públicas y entidades bancarias intervenidas.
Pero el Gobierno es consciente de que es necesario ir más allá, porque los ciudadanos esperan más de sus representantes políticos, y ya en el Debate del Estado de la Nación, en febrero de 2013, el Presidente Mariano Rajoy propuso alcanzar un Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción, estableciéndose un diálogo sincero con el resto de fuerzas políticas con el objetivo de llegar a acuerdos sobre las medidas de regeneración necesarias.
En este marco es indudable que cabe también plantearse medidas para reforzar nuestro sistema democrático y favorecer que los ciudadanos se sientan reconocidos y representados por aquellos a quienes han elegido. Por este motivo, y en coherencia con el diálogo que pretende desarrollarse en el ámbito de las nuevas Leyes de regeneración democrática, el Partido Popular ha propuesto abrir un debate sobre la posibilidad de fortalecer este vínculo democrático a nivel local, por su especial proximidad al ciudadano, mediante la elección directa de Alcaldes.
Desde los partidos de la oposición se han lanzado a descalificar esta propuesta, pero representa, sin duda, una base común sobre la que puede desarrollarse un diálogo que permita definir entre todos la fórmula más adecuada para atender a la máxima representatividad de la voluntad de los ciudadanos.
Tenemos reformas pendientes para el nuevo curso político. El Gobierno ha planteado medidas pioneras y ha tendido la mano a las distintas fuerzas políticas para lograr un gran pacto por la regeneración democrática. Cuestiones como la limitación del aforamiento de los cargos públicos, la reducción de los gastos de las campañas electorales, el endurecimiento de las penas y la agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción, son cuestiones que el Partido Popular pretende debatir y consensuar, consciente de que son ampliamente reclamadas desde la sociedad y contribuirán, sin duda, a mejorar la calidad de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Pronto veremos si realmente existe voluntad negociadora o aquellos más críticos con la situación actual pretenden en realidad que todo siga igual, buscando excusas para que no cambie nada. El debate está planteado, es hora de ponerse a trabajar, es hora de hacer propuestas para lograr alcanzar acuerdos de todos los grupos políticos y es hora de estar a la altura de nuestras responsabilidades como representantes públicos.
Tribuna de opinión publicada el 1 de octubre de 2014 en El Diario Montañés
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