El portavoz de Obras Públicas del Partido Popular, Francisco Rodríguez, defenderá este lunes en el Parlamento una proposición no de ley en la que se quieren introducir algunas modificaciones en la Orden OBR/2/2016 de 1 de Abril.
Esta orden aprueba las bases reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria destinadas a financiar inversiones de su competencia en edificios de titularidad pública “que vistas las bases es francamente mejorable”, afirma el diputado del PP.
“Creemos que el plazo que se da a ayuntamientos y juntas vecinales para presentar los proyectos, quince días, es demasiado corto, por lo que nosotros planteamos que sea de un mes. El hecho de dar tan poco margen de tiempo para determinar las prioridades y plasmarlas en un proyecto, nos recuerda al desbarajuste que en su día fue el ‘Plan E’ que impulsó el gobierno de Zapatero”.
Para el portavoz de Obras Públicas del PP “este tipo de planes son positivos para los ciudadanos cuando se cubren las verdaderas necesidades del municipio, y no cuando deprisa y corriendo se hacen proyectos que como se vio después del Plan E, eran en muchos casos no prioritarios cuando no directamente innecesarios”.
“Y precisamente nuestra propuesta profundiza también en esta idea en otro de sus puntos. Queremos que se modifique el artículo 1.2 con el fin de que no queden excluidos los edificios de titularidad pública adscritos a un uso educativo o sanitario. Creemos que siempre será más prioritario reparar una escuela o un centro sanitario que otras dependencias municipales. Al menos se debe dejar a la administración local tomar esa decisión en aras a preservar su independencia”.
Para Rodríguez es también necesario modificar el punto f en el artículo 14, para que sea obligación de los beneficiarios solicitar un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores, cuando el importe del gasto subvencionable sea inferior a 50.000 euros ( IVA excluido) o un mínimo de cinco ofertas cuando el importe del gasto subvencionable sea superior a 50.000 euros( IVA excluido).
“Tal y como está redactada la orden, las obras de menos de 50.000 euros se podrán adjudicar a dedo, ya que solo será necesaria una oferta. Creemos que no es un planteamiento lógico si queremos que nuestras instituciones sean de verdad transparentes y los procesos de concurrencia ofrezcan las mismas oportunidades a las empresas”.
“Pero hay una cosa más”, añade Rodríguez, “y es que como decimos, esta orden tiene similitudes con los peores vicios del “Plan E” de Zapatero. Hay obligación de instalar un cartel de obra, algo que nosotros queremos que se elimine de la orden, y que en caso de que se instale no sea objeto de subvención”.
“En definitiva pedimos respeto a la autonomía municipal para elegir qué proyectos son prioritarios, transparencia en la adjudicación de las obras, más tiempo para presentar los proyectos y que no sea obligatoria, o al menos no se subvencione, la instalación de cartelería de la obra”, concluyó.