Partido Popular en Cantabria

El diputado regional del Partido Popular, José Manuel Igual, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria “se quiere cargar la construcción de vivienda unifamiliar” en suelo rústico, tras conocer las manifestaciones realizadas hoy al respecto de la reforma de la ley de Suelo por la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Rosa Eva Díaz Tezanos.

“Las intenciones del Gobierno están meridianamente claras, no tiene vuelta de hoja”, ha añadido José Manuel Igual para quien “es incomprensible que se vaya en contra del desarrollo de los núcleos rurales de una manera tan alevosa”.

El diputado regional del PP ha recordado que cuando en 2012, gobernando Ignacio Diego, se aprobó la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, “se perseguía el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo en las pequeñas empresas y autónomos, asó como fijar el asentamiento poblacional en las zonas rurales”.

Ahora, José Manuel Igual ha opinado que gravando esas construcciones con una tasa municipal de entre el 3 y el 5 por ciento del presupuesto de la obra, como ha anunciado la vicepresidenta, es una “traba” que “a muchos les hará pensarse dos veces si les merece la pena afrontar la construcción de una vivienda”.

“Una traba para los vecinos, que demuestra un afán recaudatorio, y un obstáculo para la creación de empleo y la dinamización económica”, ha añadido el diputado del PP quien ha considerado que el Gobierno sigue empecinado en cargarse ese tipo de construcción y el buen fin que se persigue con ella, pero el Partido Popular va a seguir defendiéndola con perseverancia porque es una buena norma”, ha aseverado.

En opinión del parlamentario regional de los populares, con esta medida que ha calificado de “despropósito” el Gobierno “no solo va en contra de los vecinos, sino también de la gran mayoría de los alcaldes que defienden que la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico se quede como está”.

Según José Manuel Igual, el PP “seguirá presentando todas las iniciativas que sean necesarias para evitar que el Gobierno se cargue una medida positiva que redunda en beneficio de los vecinos, de la economía y de los núcleos rurales”.