Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha presentado 41 enmiendas parciales por valor de 3.885.000 para corregir los Presupuestos para 2018 de la Consejería de Presidencia y Justicia y del Centro de Estudios de la Administración de Cantabria (CEARC).

La diputada regional del PP Isabel Urrutia ha explicado que “con estas enmiendas se quiere introducir el compromiso y cumplimiento de promesas y necesidades en esta área que el Gobierno relega cada año para el posterior”.

Así, Urrutia destaca que una de las promesas incumplidas por el bipartito PRC-PSOE es la creación y puesta en marcha de las Oficinas Fiscal y Judicial, “una necesidad perentoria para la Administración de Justicia que otro año más el presupuesto olvida”. “El último debate sobre este asunto en el Parlamento se saldó con la negativa de regionalistas y socialistas a poner en marcha ambas oficinas en 2018 y el presupuesto corrobora su empecinamiento de no cumplir con el compromiso”, subraya.

Por ello, el Grupo Popular ha presentado tres enmiendas de inversión y otra dos en capítulo de personal, por importe de 370.000 euros, con la finalidad de poner en marcha estas oficinas olvidadas por el Gobierno. “Una reforma organizativa de la Administración de Justicia para adaptar la situación de los juzgados y tribunales, así como de la Fiscalía, a la realidad del siglo XXI, para conseguir una óptima eficiencia en la utilización del dinero público y, en definitiva, una mejora del servicio público que se presta”, defiende la parlamentaria popular.

APOYO A LOS MUNICIPIOS

Por otra parte, para Isabel Urrutia destacan también las enmiendas que su formación ha presentado en esta área en apoyo de los municipios y que ascienden a un total de 1.400.000 euros.

Según ha señalado, se trata de una batería de cinco enmiendas que tienen como objetivo fundamental la ayuda técnica y económica a las entidades locales más pequeñas de la región, tanto pequeños municipios como entidades locales menores.

Además del aumento de las ayudas económicas a las mancomunidades, planteamos la creación de dos nuevos conceptos presupuestarios: el primero por valor de 100.000 euros para el apoyo técnico a los pequeños municipios sobre nueva normativa compleja, de mecanismos y contratación -como puede ser la nueva ley de contratos o la ley de transparencia-; y el segundo por valor de 500.000 euros concerniente a la función de Diputación Provincial que el Estatuto de Autonomía y la propia ley otorga al Gobierno de Cantabria para apoyar económicamente al mantenimiento de las entidades locales menores.

“El Gobierno prometió ayudar a las entidades locales menores de la región, eliminar el pago de impuestos de bienes comunales, aprobar una nueva norma para estas entidades... y no solo no ha hecho nada, sino que el presupuesto de 2018 es clara muestra de que su única intención en esta materia es seguir sin hacer nada. El discurso municipalista del Gobierno de Revilla hace aguas para convertir la política municipal en la gran ausente por incapacidad”, concluyó.