El portavoz de Cultura del grupo parlamentario Popular, Iñigo Fernández, ha mostrado su satisfacción por la buena marcha que llevan las conversaciones con el resto de grupos parlamentarios, en torno a la propuesta del PP para mostrar el rechazo de Cantabria a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona que ha supuesto la retirada de la estatua del Marqués de Comillas de Vía Layetana.
“Por el momento contamos con la buena disposición del diputado de Ciudadanos y del grupo Regionalista, que nos plantea una enmienda de adicción a nuestra propuesta, y que nosotros estamos dispuestos a aceptar, por lo que ya contaríamos con el apoyo de al menos 26 de los 35 diputados regionales”.
Sin embargo el diputado del PP no se da por vencido y ha mostrado su intención de seguir buscando el acuerdo con otros grupos “porque queremos que lleve el mayor respaldo posible”. “Intentaremos acercarnos a la unanimidad porque creemos que defender la figura de un hombre como el Marqués de Comillas es obligado por todo lo que hizo de bueno por esta tierra y en particular por Comillas”.
Fernández considera que el ataque a la figura del Marqués de Comillas “forma parte de ese fenómeno, de esa deriva de locos en la que han entrado algunas cosas en Cataluña en los últimos tiempos”. En su opinión, “la actitud del Ayuntamiento de Barcelona no tiene sentido, no aporta nada, no se puede estar permanentemente revisando la historia, –a lo que añade que en Cantabria– nos duele que por parte de la alcaldesa de Barcelona se haya promovido una iniciativa de este tipo como otras muchas que sólo tienen como objetivo revisar la historia e ir en contra de todo aquello que ha supuesto algo positivo para la historia de España”.
La proposición no de ley presentada por el grupo Popular, y que será debatida mañana lunes consta de dos puntos, por un lado se pide al Gobierno de Cantabria que traslade el rechazo del Parlamento de Cantabria al Ayuntamiento de Barcelona por la retirada de la estatua, y en segundo lugar, insta también al Ejecutivo Regional a que solicite a la alcaldesa Ada Colau que plantee en el pleno municipal barcelonés la rectificación de dicha medida.