Partido Popular en Cantabria

La portavoz de Servicios Sociales del grupo parlamentario Popular, Isabel Urrutia, defenderá el próximo lunes, en el pleno del Parlamento de Cantabria, una proposición no de ley para que el Gobierno de Cantabria apruebe “una serie de medidas que permitan la sostenibilidad del sistema para la promoción de la autonomía y atención a la dependencia así como la mejora de las garantías de las personas en situación de dependencia para recibir los servicios a los que tienen derecho”

“El pasado mes de febrero tuvimos la oportunidad de reunirnos con el sector y la presidenta del PP les trasladó que tenemos mucho que decir y ofrecer para que nuestro sistema de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia avance y tenga certezas, y para dejar atrás la incertidumbre y el retroceso al que el Gobierno de Cantabria le ha sometido en estos tres años”, afirma la diputada del PP.

Frente a la oferta del Partido Popular de “trabajo, escucha y propuesta”, Urrutia dibuja un panorama desolador para las personas, para las entidades y empresas prestadoras de los servicios, cuya situación actual es mucho peor que en julio de 2015. Así, según denuncia, hay más personas esperando para ser atendidas que en el año 2015, y se destina menos dinero público, 7 millones de euros menos para prestaciones del sistema en 2018 que en 2015. Además, hay una más que evidente situación de insostenibilidad de las entidades y empresas prestadoras de los servicios del sistema de dependencia, que llevan 3 años sin subir ni un solo euro, “con promesas incumplidas y chantajes inconcebibles”. En definitiva una parálisis de gestión que está generado gran incertidumbre entre las empresas y entidades del sector “con las que el gobierno ha roto puentes, porque ha dinamitando el diálogo y el trabajo conjunto y prefiere apostar por la imposición”.

Por ello la propuesta del Partido Popular busca que el Parlamento se pronuncie y todos los grupos insten al gobierno a planificar y a trabajar para la sostenibilidad del sistema, de los servicios y por lo tanto de las empresas y entidades que prestan esos servicios.

“Pedimos al gobierno que apruebe y publique un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, con previsión de al menos 5 años, publicando además anualmente la información de plazas y servicios que con carácter estimativo considera necesarias para la cobertura del sistema”. Junto a ello según explica Urrutia “queremos que el Gobierno apruebe en el plazo máximo de un mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, una actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios del ICASS destinado a la atención a las personas en situación de dependencia que se corresponda al menos con el aumento acumulado del IPC desde el año 2015 a la actualidad”.