Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a agilizar al máximo la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad impulsado por CERMI para que sea aprobado cuanto antes.

Buruaga ha asumido este compromiso en una reunión con las entidades integradas en CERMI, en la que ha constatado que nada ha mejorado en esta legislatura en Cantabria en un sector que demanda certezas y un entorno de estabilidad, que necesita seguridad jurídica y certidumbre económica que asegure su sostenibilidad.

En esta dirección, la dirigente popular ha asumido como compromiso impulsar un proyecto de ley que llega al Parlamento con un  alto grado de consenso y que el Partido Popular ayudará a mejorar.

La presidenta del PP ha defendido que esta ley y sus efectos deben tener el necesario encaje y respaldo presupuestario para poder hacerse realidad.

Además, el Partido Popular ha mostrado su respaldo absoluto y su implicación para avanzar hacia el pacto por un modelo de servicios sociales adecuado a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, compartido por todos y mantenido en el tiempo.

Un pacto que, según la presidenta del PP, debe materializarse en la aprobación de una normativa de acreditación de centros y servicios que tres años después no ha llegado y que debe acompañarse de un marco de financiación realista y coherente para garantizar la viabilidad de los centros y la atención de calidad a los usuarios.

Según Buruaga, este es el momento porque la comunidad autónoma recibe muchos más recursos en una España en crecimiento y dispone de mucha más capacidad de gasto.

De hecho, este año recibirá 80 millones de euros más del sistema de financiación autonómica para sanidad, educación y servicios sociales, por lo que se trata de una cuestión de prioridades.

La presidenta del PP ha recordado que está a punto de cumplirse un mes de la aprobación de una proposición no de ley del grupo parlamentario Popular por la que el Parlamento instó al Gobierno a aumentar los precios que cobran las entidades por atender a las personas con discapacidad en al menos el IPC acumulado desde el 2015, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2018.