El Partido Popular ha presentado un total de 58 enmiendas parciales al presupuesto para el año 2019 de la Consejería de Presidencia y Justicia, en las que se incluyen las realizadas al organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).
La diputada y portavoz de esta área en el Grupo Popular, Isabel Urrutia, ha explicado que en concreto han planteado 49 enmiendas a la Consejería de Presidencia y Justicia y ocho enmiendas al CEARC.
Urrutia ha destacado que Justicia es el ámbito competencial de esta consejería al que más enmiendas han realizado, un total de 25, con el objeto de que en 2019 sean realidad tanto las Oficinas Fiscal y Judicial “que el Gobierno se comprometió a implantar a comienzo de la legislatura, y no ha hecho”, como la puesta en marcha de una nueva Oficina de la Víctima de Delito “que responda a las nuevas competencias y necesidades que el Estatuto de la Víctima aprobó en el año 2015 y que este Gobierno ha ignorado durante toda la legislatura”.
Igualmente Urrutia ha señalado que varias de las modificaciones presentadas por el PP al presupuesto en el ámbito de la Administración General y de la Justicia persiguen trasladar a las cuentas las medidas recogidas en la recién aprobada Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ha destacado la de la elaboración de un plan de acceso a la Justicia y ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como la firma de un convenio marco con el CERMI.
En sus enmiendas el PP también pide aumentar en al menos un 33% las partidas destinadas a sufragar el turno de oficio para abogados y procuradores, dado que el pasado 13 de noviembre el Estado aprobó este aumento en las cuantías y Cantabria no puede quedarse atrás.
En cuanto a la Administración Local, Urrutia ha señalado que el PP quiere introducir el compromiso del Gobierno de atender, como es su obligación, a los municipios y pueblos más pequeños de Cantabria, que -según Urrutia- están “dejados de lado y requieren atención tanto jurídica como técnica”, y también se recupera la partida presupuestaria de mancomunidades.
Y ha expresado su satisfacción por que el Gobierno “por primera vez y tras cuatro años diciendo que no a la enmienda del PP que requería un fondo de cooperación para las entidades locales menores, es decir, para las juntas vecinales, recoja esta partida por primera vez en el presupuesto”, si bien ha lamentado que se trate de una cantidad “ridícula” de 300.000 euros que el PP quiere aumentar hasta al menos el medio millón.
Respecto al ámbito de Protección Civil, la diputada regional del PP ha criticado que en estos presupuestos no se haya visto la incorporación del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), aprobado por el Parlamento el pasado 12 de noviembre, y considera importante seguir con la planificación y la sensibilización social en materia de prevención y atención de emergencias, así como, necesaria una mayor implicación del Gobierno con los municipios para la inversión y planificación en Protección Civil y para la dotación de las agrupaciones de voluntarios.
Finalmente, en materia de personal el PP propone la recuperación de los derechos que en el año 2009 eliminaron a los empleados públicos el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, junto con el de Revilla en Cantabria, y que aún no han sido recuperados, como la acción social o los planes de pensiones. Y por otro lado “a pesar de que por fin el Gobierno ha hecho caso al PP al introducir los anticipos de nómina en los presupuestos del año 2019 después de tres años diciendo que no, entendemos que la cantidad del Gobierno es simbólica y enmendamos para adaptarlo a la realidad”, ha dicho Urrutia.
CEARC
Las ocho enmiendas destinadas al organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria pretenden aumentar tanto la actividad como los cursos de las escuelas regionales de Protección Civil y de Policía Local.
El PP también introduce como novedad una partida específica para la realización de cursos y actividades de la Escuela Regional de Policía Local de Cantabria en materia de Violencia de Género.