Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha acusado hoy al Gobierno de aprobar una normativa ilegal en materia de Dependencia fruto de la soberbia y de la imposición que ha caracterizado al Ejecutivo en esta materia. 

Y es que según ha afirmado la diputada del PP, Isabel Urrutia, la aprobación de la norma por parte del Consejo de Gobierno tiene que llevar aparejada la previa información pública que exige la ley 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno y del Sector Público Institucional, algo que el Gobierno de Cantabria se ha saltado. 

“Les han entrado las prisas al final de la legislatura y para poder contestar a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular y que se debatirá el lunes 18 en el pleno del Parlamento, han metido bajo cuerda en el Consejo de Gobierno un Decreto que no cumple con el procedimiento normativo aprobado en la ley”.

“Es una auténtica barbaridad”, ha afirmado la diputada popular, “además de una irresponsabilidad manifiesta que se apruebe esta normativa por parte del Consejo del Gobierno ya no solo de espaldas al sector sino encima saltándose todos los trámites legales”. 

El Partido Popular asegura que no va a consentir ni más imposición, ni más soberbia de un gobierno agotado que ha trabajado siempre de espaldas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha llevado al sistema al borde del colapso y por ello trabajaremos en todos los ámbitos para no permitir esta atrocidad. 

El balance de esta legislatura en materia de dependencia es el de retroceso, incumplimiento e imposición, con la  parálisis en la gestión y la voladura del diálogo y el trabajo conjunto con el sector y ahora quieren encima aprobar la normativa en contra de todos.

“No se puede trabajar de espaldas a los prestadores de servicios, hay que ir de la mano de quienes forman el sistema, y al Partido Popular solo le vale una normativa negociada, dialogada y aprobada con las entidades que prestan servicios en el sistema y que son parte fundamental del mismo”.

El PP se compromete a conseguir un modelo de atención centrada en la persona, en sus necesidades individuales, de calidad y que prime la atención frente a la burocracia con una normativa que elimine la inseguridad jurídica y las interpretaciones arbitrarias, que introduzca flexibilidad, aligere la burocracia y que el sistema se ocupe más de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. Pero una normativa que cumpla el procedimiento establecido en la norma y que esté dialogada y acordada con las entidades que prestan los servicios a las personas en situación de dependencia.