Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de Cantabria para conocer cómo se está garantizando el seguimiento educativo de las personas con discapacidad y necesidades educativas específicas, teniendo en cuenta las dificultades añadidas para estos colectivos y el correspondiente sobresfuerzo para las familias que supone la suspensión de la docencia presencial a consecuencia de la alerta sanitaria por el COVID19.

El diputado regional y portavoz de Educación del Grupo Popular, Álvaro Aguirre, ha explicado que a lo largo de esta crisis su partido ha venido insistiendo en la necesidad de mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de la población escolar a fin de evitar que se acabe instaurando una educación a dos ritmos, una situación que se hace más compleja ante las dificultades con que se encuentran, por ejemplo, los implantados cocleares, a quienes les resulta sumamente difícil el seguimiento de las clases online sin subtítulos o con una mala calidad de la imagen y el sonido.

Aguirre ha señalado que ante el fuerte impacto que la crisis derivada del coronavirus ha supuesto para la comunidad educativa, debe tomarse conciencia de que los efectos perjudiciales para el aprendizaje de los alumnos pueden verse fuertemente incrementados en aquellos que cuentan con alguna discapacidad, de ahí que sea este el momento de proteger especialmente a este colectivo, adoptando medidas para que el aprendizaje desde sus hogares pueda llevarse a cabo con todas las garantías y prestando apoyo a las familias.

En este sentido ha recordado que el modelo de educación inclusiva se erige, sin duda, como el mejor mecanismo de garantía para la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, por lo que “resulta imprescindible su refuerzo y consolidación” en los momentos como el actual.

El diputado considera que la inclusión es un aspecto en el que Cantabria aún tiene camino por recorrer para seguir avanzando en la compensación de desigualdades, potenciando que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades y competencias de la mejor forma posible.

Y, por ello, mediante estas preguntas, formuladas para su respuesta por escrito, el PP también quiere conocer de qué instrumentos específicos se está sirviendo el Gobierno de Cantabria para garantizar una educación 100% inclusiva en la región en estos momentos, concretamente para el alumnado con necesidades educativas especiales.

“La compleja situación derivada de la crisis del COVID19 no puede hacer que obviemos aspectos como el refuerzo en el Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ANEAE) u otro alumnado sin informe”, ha dicho Aguirre. Y, en este sentido, el PP pregunta también por las medidas que el Gobierno ha adoptado o piensa adoptar para dar cumplimiento a este extremo, recogido en el Acuerdo por la Educación en Cantabria de 2018.

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Por otro lado, el portavoz de Educación del Grupo Popular quiere conocer qué certezas tiene el Gobierno de Cantabria sobre la continuidad de la actividad de los Centros de Educación Especial (CEE) de la región si finalmente entra en vigor el Proyecto de Ley Educativa (LOMLOE, conocida como Ley Celaá).

Aguirre ha explicado que dicha ley condena la continuidad de estos centros educativos en las mismas condiciones que en la actualidad, puesto que según declaró la ministra de Educación “el objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión”.

Aguirre ha pedido el Gobierno de Cantabria que se oponga a los planes del Ejecutivo Central de cerrar los Centros de Educación Especial porque “lo que las familias exigen y solicitan (y el PP se suma) es un compromiso de que los CEE van a seguir escolarizando todas las modalidades actualmente escolarizadas en ellos”.

“En el Partido Popular defendemos la libertad de los padres para elegir el centro que deseen para sus hijos, tanto si se trata de centros públicos, privados o concertados, como si se trata de centros de educación especial o centros ordinarios. Por eso, ante la amenaza que esta reforma educativa supone para los CEE y sus familias, exigimos que la Disposición adicional cuarta de la Ley Celaá desaparezca”, ha apostillado.

Finalmente, el PP desea conocer la valoración general que el departamento que dirige la regionalista Marina Lombó hace sobre el citado proyecto de ley y de qué manera se ha pronunciado el Ejecutivo PRC-PSOE sobre el mismo en sus conversaciones con el Gobierno de España.

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