Se trata de un órgano consultivo, de composición plural y participativa, que debe servir para que la sociedad se organice contra la lacra de los incendios que periódicamente asola Cantabria.
Sáenz de Buruaga considera “desacertada” y “carente de una verdadera justificación asistencial y de sensibilidad social” la decisión de desplazar el servicio adoptada por los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad.
Plantea como alternativa desplazar únicamente la cirugía sin ingreso, para optimizar las infraestructuras y capacidades del hospital de Liencres.
María José Sáenz de Buruaga buscará a través de una iniciativa parlamentaria el compromiso del Gobierno PRC-PSOE con estos dos instrumentos que permiten medir con precisión la apuesta de la Administración por la salud pública.
Advierte de que con el relevo al frente de la Consejería ambos proyectos se han visto seriamente amenazados.
Conforme con el procedimiento establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, pero que no establecía fecha para hacerlo efectivo.
Ambas infraestructuras sanitarias fueron ejecutadas por el Gobierno del PP durante la pasada legislatura y recepcionadas por el SCS en los primeros días del mes de julio.
María José Sáenz de Buruaga considera difícil de entender que se esté tardando casi tanto tiempo en equipar estas instalaciones como en su construcción.
Eduardo Van den Eynde afirma que la “disparatada macroconsejería” de Díaz Tezanos persigue la acumulación de poder político y el nombramiento de altos cargos.
Se han registrado otras 36 para el proyecto de Ley de Medidas Fiscales.
La abstención de Podemos impide que prospere una proposición no de ley para devolver las ayudas al mantenimiento de razas autóctonas suprimidas por el actual gobierno.
Para el portavoz Popular, el gobierno ha pactado con Podemos dar un “hachazo fiscal” a los ciudadanos una vez pasen las elecciones generales.
Cristina Mazas se muestra convencida de que pasadas las elecciones del 20-D el Gobierno PRC-PSOE subirá los impuestos.
Critica que en la Ley de Acompañamiento no se utilice la capacidad normativa sobre los tributos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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